Esta semana, Cámara alta enfrenta un dilema por la asunción de Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, cuyo ingreso quedó trabado tras una impugnación del kirchnerismo por antecedentes que ya conocía el electorado y sin causas penales vigentes. La definición quedó atada al Gobierno nacional, que según fuentes del Senado habría retirado el respaldo y dejó a la rionegrina en un lugar frágil a menos de dos semanas del recambio parlamentario.
La ausencia de una señal clara provocó inquietud en sectores oficialistas, donde algunos piden una resolución directa desde Balcarce 50 para evitar que el tema siga abierto. Dirigentes del espacio admiten que cada vez son menos los que desean sostenerla y que hay quienes prefieren que ella se retire por decisión propia.
En el Gobierno nacional surgieron versiones diferentes. Una apunta a una renuncia evaluada durante la campaña que nunca prosperó por temor a un escándalo. Otra alude a compromisos previos con Enzo Fullone, segundo en la lista de octubre y eventual reemplazo de Villaverde.
El caso llegó a un punto crítico el jueves, cuando los jefes de bloque decidieron frenar el tratamiento y regresar el expediente a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ese cuerpo tendrá otra composición tras el recambio del 10 de diciembre, lo que dejará sin efecto el dictamen que había sugerido impedir el ingreso de la rionegrina. Aun así, el oficialismo necesitará apoyo externo si busca habilitar la jura.
Dentro del Senado se abrió un debate técnico sobre las atribuciones de la Cámara alta para bloquear la asunción de una candidata reconocida por la justicia. Algunos sostienen que bastaría una mayoría simple. Otros afirman que debe aplicarse el requisito de dos tercios, el mismo que se exige para destituir a un legislador, y alertan sobre el precedente que podría quedar sentado.
En la discusión también pesan los antecedentes que rodean a Villaverde. En el texto figuran la detención ocurrida en 2002 en Estados Unidos por el intento de ingreso de cocaína, causa anulada sin detalles públicos, y dos investigaciones locales por estafa y lavado en las que terminó sobreseída.
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