El juez federal Alvin Hellerstein rechazó cerrar la causa por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una audiencia realizada en Nueva York que también dejó en debate el acceso a fondos bloqueados para pagar la defensa y el manejo de pruebas sensibles en el proceso.
Durante la audiencia, el magistrado confirmó que no avanzará con la desestimación del caso, aunque cuestionó los argumentos del Gobierno estadounidense para impedir el uso de recursos del Estado venezolano y planteó que el derecho a la defensa tiene un peso central en la causa.
A las 11.40 de Nueva York (12.40 en la Argentina) Maduro ingresó a la sala del piso 26 del tribunal federal de Manhattan con paso lento, visiblemente más delgado y con un gesto contenido, en su segunda comparecencia desde que fue capturado el 3 de enero en Caracas.
Vestido con uniforme carcelario beige sobre una remera naranja, saludó a sus abogados, tomó notas durante la audiencia y mantuvo intercambios breves con su defensor Barry Pollack, mientras que Flores, con uniforme verde y el cabello recogido, permaneció en silencio junto a su equipo legal.
El juez sostuvo que no observa un interés actual de seguridad nacional que justifique bloquear los fondos, al remarcar que Maduro y Flores se encuentran detenidos en Estados Unidos y ya no ejercen poder político.
En ese marco, planteó que el Departamento del Tesoro debería revisar la negativa a otorgar una licencia especial para permitir el uso de recursos venezolanos, aunque aclaró que no tomará la decisión de cerrar el expediente.
El juez cuestionó las sanciones
El momento central de la audiencia se produjo cuando Hellerstein rechazó el pedido de la defensa para cerrar el caso, en medio de un intercambio con fiscales y abogados centrado en el financiamiento de la defensa.
La disputa por los fondos y el derecho a la defensa
La discusión sobre los honorarios legales ocupó gran parte de la audiencia, ya que la defensa sostuvo que las sanciones impiden elegir libremente a los abogados, mientras que la fiscalía defendió la medida por razones de política exterior y seguridad nacional.
El juez también puso en duda que la defensa pública pueda absorber un caso de esta magnitud, al señalar que se trata de un proceso fuera de lo común que podría comprometer los recursos disponibles para otros expedientes.
Maduro afirmó en presentaciones judiciales que no cuenta con dinero propio para afrontar los costos y que espera que el Estado venezolano cubra esos gastos, una posibilidad que hoy depende de una autorización del Tesoro.
Pruebas sensibles y riesgo para testigos
Otro de los ejes de la audiencia fue el pedido de la fiscalía para limitar el acceso a determinadas pruebas, con el objetivo de evitar que esa información llegue a coacusados que permanecen prófugos.
El Gobierno estadounidense advirtió sobre un riesgo concreto de represalias contra testigos y sus familias, mientras que la defensa cuestionó esa restricción por considerar que afecta su estrategia.
El juez escuchó los planteos y resolverá en una próxima instancia.
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