El Juzgado Federal de Goya, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, dictó la Resolución N° 527/2025, mediante la cual autoriza un amplio operativo de rastrillaje, allanamiento y registro en la zona rural de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes.
La medida, firmada el 8 de noviembre de 2025, se desarrolla en el marco del Expediente FCT 2157/2024/96, y tiene como finalidad profundizar la búsqueda del menor desaparecido desde el 13 de junio de 2024.
La jueza Pozzer Penzo ordena iniciar, a partir del lunes 10 de noviembre, tareas simultáneas de búsqueda acuática y lacustre en cuatro lagunas ubicadas alrededor del campo del matrimonio Pérez y Caillava, en las inmediaciones del denominado eucaliptal, sobre la Ruta Provincial 113.
Las coordenadas de los puntos a inspeccionar fueron precisadas por el Comando Unificado Corrientes (CUC) y abarcan zonas de difícil acceso y amplia extensión. El operativo se extenderá por 50 días corridos, con posibilidad de prórroga en función del clima y los resultados obtenidos.
El operativo estará encabezado por el Comando Unificado Corrientes (CUC), con apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, y la Policía de Corrientes, bajo supervisión judicial.
También colaborarán organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.
La jueza autorizó además la participación del Ministerio de Seguridad de Corrientes, con la aclaración de que su intervención se limitará al apoyo logístico y humano, quedando las tareas investigativas bajo control federal.
Se dispone allanamientos con uso de la fuerza pública, si fuese necesario, en propiedades rurales adyacentes a las lagunas y en cualquier construcción o galpón ubicado dentro o cerca de los espejos de agua.
Se estableció además un control de acceso y circulación en las áreas de trabajo, con registro fílmico y fotográfico obligatorio, resguardo de la cadena de custodia y presencia de testigos hábiles ajenos a las fuerzas de seguridad.
La magistrada subrayó que estas medidas, aunque intrusivas, resultan “oportunas, conducentes y proporcionales” a los fines de la investigación, en línea con los artículos 193 y 225 del Código Procesal Penal de la Nación.
Se otorgó intervención a la querella, en representación de la familia de Loan, autorizando la presencia de un familiar directo y un abogado en las diligencias, siempre bajo coordinación del CUC.
La decisión se fundamenta en los principios de tutela judicial efectiva y participación de las víctimas, para evitar situaciones de revictimización secundaria y garantizar la transparencia del proceso.
El operativo busca hallar cualquier rastro, evidencia u objeto que aporte información sobre el paradero de Loan Danilo Peña o permita identificar a los autores, cómplices o instigadores del hecho.
Las tareas se desarrollarán bajo protocolos nacionales de seguridad, preservación de evidencias y protección ambiental, con comunicación directa al juzgado ante cualquier hallazgo relevante.
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