El gobierno de Javier Milei presentó el denominado Gemelo Digital Social, un sistema basado en inteligencia artificial que apunta a integrar información de salud, educación, empleo, ingresos, asistencia social y condiciones de vida para analizar escenarios y evaluar el impacto de futuras políticas públicas. Se reportarían avances en las próximas semanas.
La iniciativa fue anunciada por el Ejecutivo como una herramienta destinada a mejorar la planificación estatal. Según la explicación oficial, permitirá reunir datos dispersos en distintos organismos para construir modelos capaces de anticipar problemas sociales y evaluar posibles respuestas antes de implementar medidas concretas.
El concepto de “gemelo digital” surgió originalmente en ámbitos de ingeniería y exploración aeroespacial. Consiste en crear una representación virtual de un sistema real para observar su comportamiento bajo distintos escenarios. Ahora, esa lógica busca aplicarse al análisis de fenómenos sociales.
Desde el Gobierno sostienen que la herramienta podría contribuir a una administración más eficiente de los recursos públicos. Entre las ventajas señaladas aparecen una mayor coordinación entre organismos, la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y la posibilidad de diseñar políticas basadas en evidencia y no únicamente en estimaciones.
Sin embargo, el anuncio también despertó cuestionamientos. Hasta el momento no se conocen en detalle qué datos específicos serán incorporados, quién desarrollará la plataforma, qué organismos tendrán acceso a la información ni cuáles serán los mecanismos de auditoría y supervisión.
Entre las preocupaciones planteadas por especialistas y sectores de la oposición figuran los riesgos para la privacidad, la posibilidad de errores en los modelos de análisis y la eventual utilización de información personal con fines políticos, comerciales o vinculados a tareas de seguridad.
El debate adquiere especial relevancia en Argentina por la vigencia de normas que protegen los datos personales. La Constitución Nacional resguarda el derecho a la intimidad y contempla la acción de hábeas data para que los ciudadanos conozcan, rectifiquen o soliciten la eliminación de información sobre ellos. A su vez, la Ley 25.326 establece condiciones para la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos personales.
Otra de las discusiones surgió alrededor de Palantir Technologies, una empresa especializada en integración y análisis masivo de datos utilizada por gobiernos y organismos de seguridad en distintos países. Aunque no existe una confirmación oficial sobre su participación en el proyecto argentino, su nombre apareció en el debate público debido a las características del sistema anunciado y a la figura de su cofundador, Peter Thiel.
Los antecedentes internacionales alimentan parte de esas preocupaciones. En los Países Bajos, un sistema automatizado utilizado para detectar presuntos fraudes en subsidios para cuidado infantil terminó señalando erróneamente a miles de familias. El escándalo derivó en una profunda crisis política y en la renuncia del gobierno neerlandés en 2021.
En Australia ocurrió algo similar con el programa Robodebt. El sistema cruzaba información sobre ingresos para reclamar supuestas deudas a beneficiarios de programas sociales. Más de medio millón de personas resultaron afectadas y posteriormente la iniciativa fue declarada ilegal.
El principal reto para el Gobierno será demostrar que una herramienta de estas características puede mejorar la gestión pública sin vulnerar derechos fundamentales. La posibilidad de contar con información más completa para diseñar políticas aparece como uno de sus principales atractivos. Al mismo tiempo, la transparencia, el control institucional y las garantías de privacidad serán factores determinantes para su aceptación social.
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