El gobernador Juan Pablo Valdés dio un paso importante en la firma de un acuerdo con el Estado nacional para el desembolso por parte de ANSES de $40.000 millones que se destinarán al IPS. El fiscal de Estado Horacio Ortega confirmó que se trata de una compatibilización de los fondos correspondientes a 2026 y que la judicialización por los demás años están en suspenso. Mientras, se prepara para concurrir a una nueva audiencia en la Corte Suprema por las regalías de Yacyretá y Salto Grande.
“Es un mecanismo bueno para la Provincia porque nos permite tener un flujo determinado y un marco orientador. Desde 2017 no teníamos una suma cierta en el sistema de compensación a las cajas previsionales por haber absorbido a jubilados nacionales”, destacó el funcionario en declaraciones a Canal 5 TV. Explicó que el reciente convenio de la Provincia con ANSES, del cual participó el Gobernador junto a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovelo se corresponde a la compatibilización de los montos que debe pasar Nación al IPS de 2026.
El Gobierno nacional se comprometió a transferir a la caja previsional en concepto de equilibrio $40.000 millones en diez cuotas consecutivas correspondiente al año vigente. De no cumplirse, se activa la acción judicial, la cual continúa, aunque en suspenso, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“El acuerdo nos permite tener previsibilidad de un flujo continuo”, destacó el letrado. Los montos se destinarán a las jubilaciones que dependen de la caja previsional. No pueden tener otro uso. Además, se fortalecen los números de la Provincia ya que ésta enviaba dinero del Tesoro a sostener el déficit del IPS pese a que existe una ley nacional que estipula es potestad de Nación sustentar este faltante a las cajas no transferidas.
Ortega celebró que ahora la Provincia tiene un horizonte ya que el pedido fue de establecer una base numérica. Sin embargo, aún quedan pendientes las auditorías para establecer si existen pasivos correspondientes desde los años 2018 al 2025.
De hecho la demanda interpuesta en 2023 ante la Corte Suprema por deudas de ANSES al IPS solicitaba que el Gobierno nacional de inicio a las auditorías correspondientes para esclarecer la base numérica de cálculo que permita establecer los montos concretos y determinar si existe deuda entre Nación y la Provincia. Debido a la inflación para Corrientes se requería una actualización de los fondos y, por ende, habría pasivos favorables a la administración provincial.
Este pedido implica compatibilizar los números entre ambos niveles de gobierno y establecer mecanismos de compensación si así resultase de las auditorías. Para el ejercicio 2026 se logró la vía de acuerdo político. Existen expectativas en el Gobierno Provincial de continuar por la misma senda. Esto se debe a que en el convenio se propone avanzar con las auditorías de los años pendientes.
“Con ANSES hemos dado un paso importantísimo porque hemos logrado el flujo de fondos y establecemos una base numérica cierta”, aseveró Ortega.
“A la Corte, a través de una demanda que inició el gobernador Gustavo Valdés, le pedimos que comenzaran las auditorías que estaban suspendidas desde 2017. En 2023 nos encontramos que no se habían compatibilizado, ni que habían auditorías. En las postrimerías de 2025, el gobernador Juan Pablo Valdés comenzó las negociaciones con ANSES y se buscaron alternativas para solucionar la falta de compatibilización y de auditorías. Terminamos en la firma de un convenio que nos permite tener previsibilidad con una suma específica destinada a los jubilados”, informó el fiscal de Estado.
“La voluntad política del Gobernador es usar los marcos administrativos, judiciales, los más adecuados para no ceder derechos que tenemos con Nación pero en un marco armónico y adecuados”, afirmó el abogado.
El representante de Corrientes, a su vez, confirmó que se prepara para una segunda audiencia ante la Corte Suprema por las regalías de Yacyretá y Salto Grande. Será el 22 de abril y se espera contar con avances en esta nueva reunión.
Esta instancia de negociación es fundamental para evitar estirar los plazos judiciales, ya que la Nación tiene tiempo formal de presentar una respuesta hasta septiembre próximo. La demanda también se dio inicio en 2023 durante el Gobierno de Gustavo Valdés.
El objeto de la demanda es que se le ordene a Nación dar pleno cumplimiento a los artículos 43 de la Ley N°15.336 y 33 del Decreto N°287/93 que refieren al valor de las llamadas regalías en especie que debe percibir Corrientes por la energía producida en las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.
En su demanda, la Provincia también plantea la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Resolución 20/17 de la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación y de los artículos 1 y 4 de la Resolución 17/19 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico. Afirman, además, que existe un principio de asimetría con otras jurisdicciones como, por ejemplo, Entre Ríos.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó de la primera audiencia que se realizó el 16 de marzo en la sede de la Corte Suprema. Participaron representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.
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